Ciudad de México (Proceso).– Con el pretexto de una supuesta Cuarta Transformación estamos siendo testigos de la desaparición de los principios de supremacía constitucional y de división de poderes. También corremos el riesgo de que la Suprema Corte y los tribunales federales pierdan su independencia y que dejen de ser controladores de la constitucionalidad. Estamos ante el fin de nuestra democracia como forma de gobierno. Nos espera un Estado absoluto.

Es un hecho: el Congreso de la Unión ha perdido su calidad de ser contrapeso a los excesos y caprichos presidenciales. Se ha convertido en una instancia de confirmación. Ha dejado de ser parlamento, en el que afloren conceptos y concilien divergencias. Se ha dejado de parlar, como sinónimo de hablar, de donde viene el término parlamento, para expresar y oír los puntos de vista de los legisladores, que del intercambio se logren leyes y decretos sin vicios, que contribuyan a la conservación del orden público.

                                                                                                                                                  Para Elena Ponaitowska

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–La ACM (Association of Computing Machinery), es la asociación estadounidense que regula y sanciona todas las actividades del cómputo en Estados Unidos. En todos estos años han producido un número importante de avances tanto en hardware como software y por ello han creado una serie de premios y estímulos que reparten cada año a lo mejor que se produce en el ambiente de la computación.

Entre los premios que se otorgan está el Premio Charles P. “Chuck” Thacker, al los avances notables en computación. El merecedor de este premio es hoy David Papworth, diseñador líder del Pentium Pro (P6). Este galardón se dio por primera vez en el 2018 para celebrar las contribucions pioneras de Chuck Thacker, que de alguna manera ha sido la inspiración de muchos otros científicos de cómputo. La intención del premio es recnocer a grupos o individuos que piensen “fuera de la caja” y que resuelvan problemas cuya solución parece imposible. El premio tiene además un estímulo en metálico de 100 mil dólares (otorgado por Microsoft). Este premio se otorga cada dos años y los anteriores ganadores son Mendel Rosenblum (2018) y Michael Franz (2020).

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Es difícil saber las razones por las cuales el ajedrez ha cobrado relativa importancia en los medios informativos, tanto en papel como electrónicos. Tal vez sea esta mancuerna ideal entre el ajedrez e Internet, que ha permitido la existencia de un número de portales dedicados al juego ciencia y en donde los que acuden a estos sitios pueden no sólo jugar con otros usuarios, sino que participan en torneos, resuelven ejercicios de táctica, ven videos de aperturas, siguen las novedades y noticias de este mundo increíble del tablero de las 64 casillas y en general, participan activamente en ajedrez, un juego que cada vez está más vivo.

Muchos de los jugadores ambiciosos, que quieren jugar en torneos presenciales (y no sólo en línea), estudian las jugadas de los grandes maestros, resuelven ejercicios, juegan partidas a diferentes ritmos de juego y desde luego, invierten tiempo de sus vidas en intentar jugar cada vez mejor. Para ello, acuden a estos portales pero también leen libros de ajedrez, consultan bases de partidas actualizadas y están al pendiente de los últimos torneos. Y todo esto, desde luego, lleva tiempo.

Ciudad de México (Proceso).– Los cuestionamientos presidenciales a la existencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a propósito de los nombramientos faltantes de integrantes de su pleno, ha generado un debate en el que se aprecian datos incorrectos sobre el objetivo de este órgano garante. Veamos.

Primero. El derecho de acceso a la información previsto en el artículo 6º constitucional tiene dos dimensiones, la primera entendida como derecho a saber sobre el quehacer de la gestión pública para efectos de escrutinio y como coadyuvante para la rendición de cuenta de los gobernantes. Y la segunda, igual o incluso de mayor calado, es que la información es un derecho transversal que habilita a las personas para ejercer todos los otros derechos fundamentales. Sin información es muy complejo ejercer el derecho al trabajo, a la educación, a la salud y todos los demás.

Ciudad de México (Proceso).– En 1979, el filósofo Hans Jonas escribió un libro fundamental, El principio de responsabilidad. Jonas, como muchos de sus colegas, se había dado cuenta de que lo que caracteriza a la era tecnológica es un hiato entre nuestros actos y sus consecuencias, y proponía, a la manera de Kant, un imperativo categórico: “Obra de tal manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana sobre la Tierra”.

Pese a la finura de su argumento, la irresponsabilidad es lo propio del hombre tecnológico. Lo que lo caracteriza, como lo mostró Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén, es la “banalidad del mal”, la ausencia de relación entre el acto –transportar judíos a los Lager– y su exterminio. Pese a las evidencias, aquel hombre nunca logró reconocerse como un asesino, mucho menos como un genocida. Semejante a un obrero en la cadena productiva de una fábrica, Eichmann nunca se identificó con el producto de su trabajo. Lo expresa con un sobrecogedor cinismo Maximiliano Aue, el exoficial de las SS de Las benévolas, de Jonathan Littell, al referirse al programa T-4: el exterminio de inválidos y enfermos mentales, creado dos años antes de la Solución Final: “De la misma forma que, según Marx, el obrero está alienado en lo referente al producto de su trabajo, en el genocidio o la guerra en su forma moderna el ejecutante está alienado respecto al producto de su acción (en el programa T-4), a los enfermos, seleccionados mediante disposiciones legales los recibían unas enfermeras que los registraban y desnudaban, unos médicos los examinaban y los llevaban a un cuarto cerrado, un operario abría el gas, otros limpiaban, un policía extendía el certificado de defunción. Cuando después de la guerra los interrogaron” ninguno reconoció su culpabilidad: siguieron procedimientos establecidos y supervisados.

Ciudad de México (Proceso).– En días pasados el Canal Once transmitió un segmento titulado “Mujer, casos de la piña real” (https://acortar.link/IQoy5i) en el que se presenta una sátira de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña. Se trata una iniciativa televisiva que no tiene precedente en el país, tratándose de un medio que vive del erario. Reclama por ello mismo un análisis sobre si se trata o no de un contenido amparado en la ética y en el derecho o no. Veamos.

Primero. Vayamos por el principio. Si bien es verdad que la sátira, como punto de partida, se trata de un discurso protegido por la Constitución, sobre el cual, además, la SCJN se ha pronunciado por cuanto ha reconocido que los derechos de la personalidad de los servidores públicos tienen menor protección en relación a los de un particular, siempre y cuando se trate de temas de interés público, también lo es que quien ocupe o haya ocupado un cargo público no debe carecer del respeto a sus derechos al honor, a la vida privada y a la propia imagen.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La tecnología nos ha traído Internet y con los años hemos visto aumentar significativamente el ancho de banda, es decir, la velocidad de acceso a la información. Quienes tengan la suficiente edad sabrán que hubo tiempos en que los módems trabajaba a 300 baudios, La velocidad en baudios es el número de veces por segundo que una señal cambia de estado; el cual puede ser un nivel de voltaje, una frecuencia o un ángulo de fase de frecuencia. Si la señal cambia una vez para cada bit de datos, entonces un bit por segundo equivale a un baudio.

Por años tuvimos velocidades de 1, 2 y hasta 10 megabits por segundo, lo cual evidentemente significa que –mientras más alta la velocidad, más datos se reciben por segundo– pero también, mientras más aumenta la velocidad, más pagamos por el Internet. Hoy hablamos de 100, 200, 500 y hasta mil megabits por segundo, lo cual es cada vez más necesario pues la cantidad de información que recibimos y mandamos se ha incrementado exponencialmente.

Ciudad de México (Proceso).– Les ordenaron desnudarse y depositar sus ropas dentro de unas tinajas con gasolina y formol. Cincuenta hombres obedecieron a los custodios de la prisión de El Paso, Texas. Hace poco más de un siglo había obsesión con el tifus y por eso debían eliminarse todos los piojos que los presos mexicanos llevaban, supuestamente, a los Estados Unidos.

Aquella otra tragedia ocurrió en marzo de 1916. Según el alcalde de la ciudad, Thomas Lea, un fósforo encendido por uno de los guardias bastó para que, en instantes, una inmensa llama nacida en las tinajas devorara aquel edificio.

Ciudad de México (Proceso).– En días pasados el Senado de la República aprobó la abrogación de la Ley de Imprenta de 1917, después de que tiempo atrás había hecho lo propio la Cámara de Diputados. Queda sólo que el presidente de la República promulgue y publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) esta decisión legislativa para perfeccionar la expulsión de esta normativa del sistema legal mexicano. Esta decisión es, sin duda, importante por varias razones. Veamos.

Primero. La Ley sobre Delitos de Imprenta, cuya más reciente reforma fue hecha el 20 de mayo de 2021, representaba por sí misma una conspicua figura normativa que daba vida a lo que desde hace mucho tiempo se ha objetado y ha ido desapareciendo: los delitos de prensa; es decir, aquellas infracciones privativas de la libertad aplicables, de manera adicional a las previstas en los códigos penales, sólo a los periodistas y a los medios de comunicación. Esta singularidad es contraria a derecho porque: a) Discrimina a los periodistas y medios de comunicación, especialmente a quienes laboran en medios que no dependen de una concesión del Estado donde pudiera haber alguna responsabilidad adicional. Con lo anterior se viola el derecho a la igualdad previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; b) Es contraria a la igualdad ante la ley al ser una ley privativa (destinada a los periodistas y a los medios no a cualquier persona) lo que se encuentra expresamente prohibido por el artículo 13 constitucional; c) Fomenta la censura previa y/o la autocensura, lo que lastima el derecho a la información y las libertades de expresión e información tuteladas por el artículo 6º de la Constitución.