CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El activista mexicano Gustavo Castro, único testigo del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres, y su abogado defensor, Miguel Ángel de los Santos, aseguraron que durante los días posteriores al crimen, el gobierno de Honduras cometió “irregularidades, ilegalidades y violación a los derechos humanos”, mismas que denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En entrevista con Aristegui CNN, el testigo del crimen narró parte de lo ocurrido el 3 de marzo de 2016, cuando estaba hospedado en la casa de la activista, en la ciudad de La Esperanza, Honduras: