MÉXICO, DF, 6 de mayo (apro).- Con inversión nacional y extranjera, la proliferación de complejos mineros ha detonado numerosos conflictos en la mayor parte del país: la vulneración de derechos agrarios, indígenas, ambientales y sociales de las comunidades en las que se asientan.
Con la complicidad de autoridades de los tres órdenes de gobierno e incluso de diplomáticos extranjeros, la impunidad campea en los ilícitos que envuelven las operaciones mineras. Un ejemplo es el caso del líder indígena Mariano Abarca, opositor a la operación de una mina de barita, propiedad de la firma canadiense Blackfire.


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