CHIHUAHUA, Chih., 28 de mayo (apro).- Sin más arma que “la verdad”, cada vez crece el número de familias que se atreven a alzar la voz para evidenciar las injusticias de un gobierno que, dicen, aplica mano dura no contra los verdaderos delincuentes, sino contra ciudadanos inocentes detenidos por encontrarse en el lugar y el momento equivocados o, peor aún, por el sólo hecho de llevar el mismo apellido que el presunto delincuente.
Es el caso de Martín Sáenz Martínez y Miguel Ángel Valles Carrasco, dos “víctimas del sistema”, cuyos padres se han dedicado desde hace tres años a tratar de probar su inocencia, con el apoyo de organizaciones civiles.


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