CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A cinco meses de los hallazgos de restos humanos calcinados en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, el Estado mexicano no ha dado respuesta a mecanismos de supervisión en materia de derechos humanos de Naciones Unidas.

En junio pasado urgieron a las autoridades mexicanas a rendir un informe sobre los avances en la investigación del caso, así como de la situación forense, de protección a defensores y sobre la reformas legislativas en materia de desaparición, entre otros temas.