CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el sector privado, el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, es un síntoma de que el Estado de Derecho en México está quebrado y de que ya es muy difícil atraer inversiones y lograr bienestar económico.

Derivado del homicidio, poco a poco son más las voces del sector privado que se han sumado a condenar la situación.