XALAPA, Ver., (Proceso).- El motín ocurrido el 2 de agosto en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan, donde ocho personas privadas de la libertad murieron y otras diez resultaron lesionadas, expuso deficiencias estructurales y operativas que habían sido documentadas desde hace años por organismos de derechos humanos, en un contexto de creciente violencia en el norte de Veracruz.

La violencia en el penal fue precedida de varias advertencias.