GUERRERO (apro) .- Diez años después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) planteó al gobierno mexicano investigar el posible uso de hornos crematorios en la desaparición de 43 estudiantes, ayer la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) aseguró dos funerarias y sus crematorios en Iguala por los delitos de desaparición forzada, contra la salud y otros.

Se trata de las funerarias “El Ángel” y “Rueda”, propiedad de Rodolfo Rueda Mazón, empresario que durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero (2011-2014) recibió la concesión del Servicio Médico Forense (Semefo) por parte de la Secretaría de Salud de Guerrero, cuyo titular en ese entonces era su pariente Lázaro Mazón Alonso, informaron fuentes de la región.