CIUDAD DE MÉXICO.- Ya en Fase 2, y con cinco muertes y 405 casos confirmados con Covid-19 en el país, empresarios estatales en Guanajuato pidieron medidas urgentes para amortiguar el impacto económico, mientras que en Jalisco hubo protestas por la falta de materiales médicos.
Además, en Puebla, Chihuahua y Baja California hay nuevas medidas de prevención sanitarias.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En distintos estados, médicos y enfermeras protestaron este lunes por la falta de insumos y materiales que los protejan de la pandemia de covid-19, y en Puebla el gobierno advirtió que podrían fincarse responsabilidades penales a las personas que, al tener conocimiento de estar contagiados de coronavirus, no guarden aislamiento domiciliario y de manera deliberada esparzan la enfermedad.
En rueda de prensa, Ricardo Velázquez Cruz, consejero jurídico del gobierno poblano, dijo que esa medida está tipificada actualmente como un delito llamado “enfermedades por transmisión de contagio voluntario” y se aplicaría a las personas que no sigan las normas para evitar la propagación del covid-19.
Alejandro Gutiérrez, Anne Marie Mergier e Irene Savio
/
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En respuesta a la emergencia sanitaria por el Covid-19, los gobiernos estatales han recurrido a diversas medidas, como el cierre de bares, centros culturales y deportivos, hasta vigilancia policiaca para aquellas personas contagiadas, a fin de que no salgan a la calle, o también la puesta a disposición ante las autoridades a quienes difundan información falsa.
En Baja California, luego de que aumentó a cinco el número de contagiados, el gobierno determinó vigilar con la Guardia Estatal el confinamiento de las personas que ya están en autoaislamiento.
CUERNAVACA, Mor. (apro).- Más de 20 mil estudiantes, trabajadores, académicos e investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realizaron la “Marcha de la Dignidad” en demanda del cumplimiento de compromisos del gobierno estatal y para emplazar al Congreso local a que dé vigencia a la Ley de Participación Ciudadana.
Pese a los intentos del gobierno estatal por desincentivar a los universitarios, representantes de las 43 escuelas, facultades, centros e institutos, así como los trabajadores académicos y administrativos y la administración central marcharon 10 kilómetros, desde el edificio 1 del Campus Chamilpa hasta la plaza de armas de Cuernavaca.
CUERNAVACA, Mor. (apro).- El alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, descalificó la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de negarle la suspensión provisional para dejar sin efecto el decreto del Mando Único; además, dijo que existe una campaña para amedrentarlo con amenazas telefónicas.
CUERNAVACA, Mor (apro).- A pesar de la alerta de género en ocho municipios, que cumplió el pasado 10 de enero cinco meses, los feminicidios no paran en la entidad, en lo que va del año han ocurrido cinco asesinatos violentos de mujeres, entre ellos el de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo y el de una menor de 10 años.
CUERNAVACA, Mor. (apro).- La Fiscalía General de Justicia de Morelos indagará a servidores públicos de la dependencia por el robo de dinero y joyas durante las diligencias en la casa de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, asesinada el pasado 2 de enero.
CUERNAVACA, Mor. (apro).- El Congreso determinó que es improcedente la solicitud de juicio político en contra del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, presentado por el ciudadano Valentín Pobedano Arce, informó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), diputada Hortencia Figueroa Peralta.
CUERNAVACA, Mor. (apro).- El Consejo Estatal de Abogados de Morelos calificó como “un exceso de atribuciones” de parte del gobierno del estado que encabeza Graco Ramírez Garrido Abreú la implementación por decreto del esquema de seguridad del mando único en la entidad.
El organismo presentó ante los medios un amplio análisis jurídico sobre el decreto emitido por el gobierno de Graco Ramírez Garrido y que obliga a los municipios a acatar este esquema, cediendo el control de las policías a la Comisión Estatal de Seguridad.