CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Durante casi veinte años una red de empresarios, exgobernadores, notarios y funcionarios convirtió a Bahía de Banderas en el escenario de operaciones inmobiliarias que hoy están bajo el escrutinio de los tribunales.

Lo que inició como un fideicomiso público para detonar el desarrollo turístico en la costa de Nayarit derivó en la enajenación de predios, disputas legales por miles de millones de pesos y acusaciones cruzadas que han puesto en jaque a las instituciones estatales.