Héctor Tajonar / CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El gobierno de Enrique Peña Nieto está jugando con fuego. En el ocaso de su fallida gestión, el mandatario ha puesto en marcha una estrategia que busca erosionar las instituciones democráticas del país para echar mano de todas las artimañas de la suciedad electoral, en la que hay experiencia, a fin de allanar el camino del destapado tricolor para 2018. El presidente Peña Nieto no parece haber ponderado con la prudencia y responsabilidad propios de su investidura los riesgos que ello implica para la gobernabilidad democrática del país. Sumido en una mezcla de soberbia, frivolidad y miedo, ha decidido invertir los restos de su menguado poder para que su elegido resulte victorioso en los comicios del año próximo. Cueste lo que cueste.
La torcida estrategia presidencial ya dio su primer golpe con la destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Ahora se trata de evitar el nombramiento de un nuevo fiscal electoral antes de los comicios del año próximo, para dar rienda suelta a la corrupción electoral. En las actuales circunstancias es prácticamente imposible nombrar a un nuevo fiscal, debido a que en ese tema el Senado está polarizado y la designación requiere de la aprobación de al menos tres cuartas partes de los senadores. Los priistas en la Cámara Alta se encargarán de hacer todo lo posible para que la FEPADE siga acéfala. Por lo pronto ya lograron postergar la elección del fiscal electoral hasta el límite del actual periodo de sesiones, entre el 11 y el 15 de diciembre, en pleno inicio del puente Guadalupe-Reyes. Sin fiscal, los delitos electorales que se cometan en 2018 no podrán ser investigados ni sancionados.