BOGOTÁ (Proceso).- Con el Plan Bolívar 2000, lanzado el 27 de febrero de 1999, tres semanas después de llegar al poder, el presidente venezolano Hugo Chávez inició el involucramiento formal de los militares en la administración pública de su país al asignarles tareas del ámbito civil, como construcción de infraestructura, operativos de salud y reparto de ayuda social.

El resultado fue un sonado caso de corrupción que acabó con la detención, muchos años después, del general Víctor Cruz Weffer, jefe operativo de ese plan. Pero ni ese hecho –ligado a la desaparición de 150 millones de dólares– detuvo el vertiginoso ascenso de los militares en la política y el gobierno de Venezuela.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El presidente Andrés Manuel López Obrador obstaculiza la reforma que obligaría al Ejército y a la Marina a rendir cuentas sobre los recursos cada vez mayores que les son asignados.

Sin control alguno de fiscalización, las Fuerzas Armadas han aceptado el papel que les ha asignado el presidente: innecesarias militarmente y convertidas definitivamente en una Guardia Nacional.

Previsiones para este sábado 27 de febrero

1.- La de Emma Coronel, una captura pactada: Tenía contactos con FBI, ICE y DEA desde 2017 / J. Jesús Esquivel

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Más allá de la polémica por la supuesta resistencia a las acciones de auditoría, desmentidas por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y la retractación al respecto del auditor en jefe, David Colmenares, ambos quedaron en entredicho.

Con el Sistema Nacional Anticorrupción inoperante, la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia de primera línea en erradicar la corrupción y vigilar las buenas prácticas, resultó afectada en su objeto y razón de ser por las numerosas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano del Poder Legislativo dedicado a supervisar el ejercicio presupuestal y el desempeño en el Ejecutivo. Éste descalificó a la auditoría por un informe deficiente y exigió que se le investigara.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Para el presidente López Obrador el feminismo es una simulación. La exigencia de “romper el pacto” patriarcal que protege a Félix Salgado Macedonio y a tantos más es una expresión importada que nada tiene que ver con México. Una copia vil de demandas extranjeras que no le atañen. Una maniobra sobre la cual se monta el conservadurismo para atacarlo. Una demanda con la cual –según le explicó su esposa– se busca que “deje de apoyar a los hombres”. Y con esas palabras y ese desdén confirma su indiferencia a las causas que mueven a las mujeres de México. No sólo las ignora; no le importan. No sólo no entiende que no entiende; no le da la gana entender. Para él no hay demandas legítimas al margen de pleitos partidistas. Para él no hay agravios que trascienden la lucha política y electoral. El feminismo es una conspiración, no una causa justa.

Porque él y los suyos tienen el monopolio de las buenas cruzadas. Sólo él y sus seguidores tienen el privilegio de determinar qué apoyar y qué descalificar. Y esa clasificación siempre gira en torno a cómo le afecta al primer patriarca. No parece importarle que 10 mujeres mueren al día como resultado de la violencia. Que cada año más de 11 mil niñas entre la edad de 10 y 14 años quedan embarazadas, muchas como resultado de abuso sexual. Que en los últimos cuatro años los feminicidios han crecido 111%. Y la pandemia sólo ha agravado esas cifras desoladoras al confinar a las mujeres con sus abusadores y con sus violadores. López Obrador permanece impermeable a su dolor, alejado de su frustración. En su perspectiva parroquial el #MeToo mexicano no tiene raíces endógenas. Es una manipulación, una importación, una imposición.