La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, un nido de corrupción

MÉXICO, D.F., (proceso).- Seis meses después de haber fallado en un control antidopaje, el Comité Nacional Antidopaje (CNA) sancionó por cuatro años a la lanzadora de jabalina Betzabet Menéndez Bejarano, quien no fue notificada oficialmente sobre el resultado del análisis de la muestra B y en medio de una retahíla de irregularidades.

Entre las anomalías destaca que el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), Antonio Lozano, y otro empleado de este organismo, José Luis Morales Soto, sugirieron a la deportista que esgrimiera en su defensa el consumo de suplementos alimenticios contaminados con stanozolol, un esteroide anabolizante androgénico exógeno.

El control antidopaje, una farsa

México, D.F. (proceso).- La Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) advirtió a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que si a más tardar el miércoles 4 no reestructura el marco legal mexicano para adecuarlo al Código Mundial Antidopaje 2015, realizará una declaratoria de “no cumplimiento”, que incluye suspender la certificación del Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje.

El 11 de septiembre pasado, representantes de la WADA estuvieron en la Conade para realizar una revisión del Programa Antidopaje de México, de la cual se derivó un documento en el que la directora de la Oficina Regional de Latinoamérica, María José Pesce Cutri, enumeró las fallas e irregularidades operativas y estratégicas de la dependencia. Entre ellas se encuentran graves conflictos de interés. Así, concluyó que no se está trabajando de acuerdo con lo que marca el Código Mundial Antidopaje (CMA) y los Estándares Internacionales 2015.

Las declaratorias de UNESCO, convertidas en franquicias

México, D.F. (proceso).- Puesta casi como un logo para atraer turistas y consumidores, la denominación “patrimonio cultural de la humanidad” pareciera estar perdiendo el verdadero espíritu de salvaguardia que, se supone, impulsa a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a inscribir un bien o una tradición en sus listas.

En el caso de las tradiciones vivas, el riesgo se antoja mayor, pues se trata de las costumbres de muchas comunidades que ven trastocados sus rituales y cotidianidad en aras de un interés meramente económico, cuyas ganancias –la mayor de las veces– ni siquiera les beneficia.

El cónsul impresentable

MADRID (proceso).- El cónsul de México en Barcelona, Fidel Herrera Beltrán, dueño de una de las más negras biografías del priismo mexicano, no logra aquietar la repulsa que su nombramiento provocó y, todo indica, mancha de manera irremediable las “magníficas relaciones bilaterales” que presumen los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Mariano Rajoy.

El 26 de octubre, en visita a la embajada de México en Madrid, Herrera adelantó que su prioridad es conseguir la reanudación del vuelo México-Barcelona. Para esta gestión –que tiene el propósito también de limpiar su imagen– busca los servicios de Jordi Segarra, consultor político andorrano que participó en la campaña de Barack Obama.

Saña carcelaria contra inmigrantes

ELOY, ARIZONA (proceso).- En el Centro de Detención Migratorio Eloy, ubicado en este pequeño poblado homónimo de Arizona, las autoridades estadunidenses dan a los inmigrantes indocumentados un trato inhumano, como si fueran los peores y más desalmados criminales.

Quien denuncia lo anterior es Juan Miguel Cornejo. “A mí me castigaron por denunciar el trato que nos dan. Me trataron como al peor criminal, cuando yo no he cometido más que el delito de trabajar para buscar un futuro mejor para mi familia”, relata mientras abraza a su hija.

El caso Ayotzinapa trastocó los planes para reivindicar los Acuerdos de San Andrés

México, D.F. (proceso).- A unos meses de que se cumplan 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que Ernesto Zedillo desconoció, existen condiciones políticas y el compromiso expreso del presidente Enrique Peña Nieto para honrar ese pacto con los pueblos indígenas, que sufren la misma miseria que provocó la rebelión armada.

Al hacer este diagnóstico, el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, revela que el año pasado el gobierno había encauzado el proceso de cumplimiento de esos acuerdos, pero la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa modificó los planes y ahora se pretende su relanzamiento.­

Cerrojazo a la Comisión Especial

México, D.F. (proceso).- Inesperados e incómodos, los primeros resultados de la Comisión Especial de Ayotzinapa pusieron en evidencia, por vez primera, la posible inacción y responsabilidad de las autoridades federales durante el ataque, muerte y desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.

Y ahora, de manera coincidente, se pretende “limitar” el trabajo de los integrantes de esa instancia legislativa, encabezada por la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, impidiéndole “llamar a comparecer” a funcionarios de alto rango presuntamente implicados en el caso.

Cientos de duranguenses huyen de la violencia de la Marina

México, D.F. (proceso).- A los más de 1 millón de mexicanos que en los últimos ocho años se han visto obligados a abandonar sus lugares de residencia, domicilios, tierras y animales a causa de la violencia, se sumaron en octubre de este año alrededor de 600 personas que experimentan una situación peculiar: han sido desplazadas también por la violencia, pero en este caso por la que ejerce la Secretaría de Marina-Armada de México: la Semar mantiene sitiadas las 13 poblaciones de la sierra de Durango en las que irrumpió el pasado 6 de octubre en busca del Chapo Guzmán.

La causa: que la dependencia acusa a los pobladores de esos sitios del municipio de Tamazula, Durango, de proteger al capo, y les impide regresar a sus hogares.

El Ejército hace lo que quiere con sus “manzanas podridas”

México, D.F. (proceso).- El movimiento fue sorpresivo. La madrugada del 16 de octubre las grandes puertas metálicas de las prisiones del Ejército en distintos puntos del país se abrieron para dar paso a decenas de policías castrenses con equipo antimotines. Apoyados por fuerzas federales, algunos se apostaron en puntos estratégicos de las instalaciones; en los dormitorios, los encargados de la operación, con lista en mano, comenzaron a separar a los internos.

Luego los agruparon en las explanadas, les ordenaron bajar la cabeza y guardar silencio; finalmente los subieron a camiones blindados –los llamados rinocerontes, los mismos que usan las fuerzas federales en sus operativos antinarco y para trasladar a reos de alta peligrosidad– y los entregaron a agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR).