La verdad, en riesgo

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 30 de enero último el gobierno federal anunció la liberación de 10 mil cajas de documentos oficiales pertenecientes a las extintas agencias de inteligencia mexicanas: la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que contienen información relevante sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en casos como la guerra sucia. Sin embargo, la transparencia se ha aplicado a cuentagotas, lamentan académicos e investigadores.

La declaratoria que formalizó dicha apertura ocurrió a casi un año de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a las dependencias federales transferir al Archivo General de la Nación (AGN) “la totalidad de los documentos históricos” relacionados con las “violaciones de derechos humanos y con las persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción”.

La 4T cierra archivos históricos que antes “abrió”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Un anuncio estilo oficio institucional, escrito en mayúsculas y con errores ortográficos –en realidad copia simple sin firma, sin sellos ni responsable formal–, sepultó indefinidamente la historia oficial de las represiones, los expedientes sobre las actividades tempranas del presidente Andrés Manuel López Obrador, Elba Esther Gordillo, Manuel Bartlett y otros funcionarios federales, así como de miles de personas cuya actuación pública fue definitiva en procesos electorales, actividades político-religiosas, relaciones y negociaciones con el hampa, e, inclusive, el registro que las policías políticas hicieron de las privatizaciones:

“Le informamos que a partir del 06 de enero de 2020 el fondo documental denominado ‘Investigaciones Políticas y Sociales (IPS)’, estará fuera de consulta por encontrarse en proceso de revisión. Por su comprensión y apoyo. muchas gracias” (sic).

No se sostienen los deslindes de López Casarín

 

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Decenas de documentos obtenidos por Proceso muestran que el caso del fraude que involucró al empresario Javier Joaquín López Casarín no está cerrado; confirman que en 2012 fue aspirante a diputado federal suplente por el Movimiento Progresista –entonces encabezado por Marcelo Ebrard Casaubón, quien hoy es secretario de Relaciones Exteriores– y señalan que tuvo entre sus clientes a Pemex y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El “ejército de la Cuarta Transformación” apoya al INM

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Por su incapacidad para afrontar los flujos de migrantes que llegan a territorio mexicano, el Instituto Nacional de Migración (INM) tuvo que recurrir al apoyo del pastor Arturo Farela Gutiérrez, amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador y líder de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), quien en la frontera sur ya empezó a habilitar sus templos en albergues para migrantes, donde les está dando techo, alimentación y asesoría legal a estos extranjeros provenientes de distintos países.

Pese a los señalamientos de que su alianza con el gobierno de la Cuarta Transformación violenta la laicidad del Estado, el polémico pastor ahora proyecta ampliar su ayuda al INM en la frontera norte, abriendo albergues en Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros.

#NiUnaMenos

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- 2019 fue el año cuando gritamos y marchamos y señalamos “el violador eres tú” y “la culpa no era mía ni donde estaba ni cómo vestía”. En el Zócalo con el puño alzado, en las calles con diamantina morada y pintas en los monumentos, en las universidades con un pañuelo verde alrededor del cuello, las mujeres de México denunciaron la brutalidad recurrente y el Estado indolente. Tantas, enojadas. Tantas, enfurecidas. Tantas, adoloridas. Y con razón: el país padece una crisis de violencia de género que se ha vuelto noticia cotidiana, noticia casi banal excepto para quienes la padecen. Todos los días, a todas horas, en los periódicos y en las redes sociales, se da cuenta de otra mujer desaparecida, otra mujer violada, otra mujer asesinada. Han sido años atroces y ahora –más que nunca– nos toca darles voz y rostro a las víctimas. Impedir que desaparezcan por la desmemoria o se vuelvan invisibles por la impunidad.

Como bien lo expresa Frida Guerrera en el libro ‘#NiUnaMenos’, la lucha contra el feminicidio y las múltiples maneras en las que se maltrata a las mujeres no es una lucha contra los hombres. No es una batalla encabezada por “feminazis”. Es una guerra que nos atañe a todos, porque se libra para vencer problemas que trascienden el género: la impunidad, la desigualdad, la prepotencia, la indiferencia. Las conductas que no caben en una sociedad que se dice progresista, y que políticamente apoya una llamada “Cuarta transformación” pero no será tal si no abarca a las mujeres. Si no se asume la gravedad de las penurias por las cuales pasa la mitad de la población. Si la misoginia y el machismo se siguen expresando en las casas y en las oficinas y en las fábricas y en los medios de comunicación y en las redes sociales, repletas de epítetos insultantes o frases descalificadoras. Si la muerte o la desaparición de otra mujer es sólo una nota roja y no una emergencia para la autoridad.