CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de 250 organizaciones sociales, colectivos de víctimas y activistas condenaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al validar la reforma “regresiva” a la Ley General de Víctimas que elimina el tope mínimo presupuestal destinado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral.

Luego de que el martes 18 el pleno de la SCJN rechazara invalidar la reforma que en 2020 eliminó el fondo mínimo para la reparación del daño y atención a víctimas, como lo propuso el ministro Giovanni Figueroa, organizaciones sociales, colectivos de víctimas y activistas se sumaron al pronunciamiento emitido por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19, por el que consideraron que la nueva SCJN decidió “darle la espalda a las víctimas al reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas regresivas a la Ley de Víctimas”.