CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la reciente asignación de un cargo directivo en la Secretaría de Educación Pública (SEP) al excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, las organizaciones que representan a familiares de las 30 víctimas mortales y sobrevivientes del incendio en una estancia temporal en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el 27 de marzo de 2023, recordaron que el funcionario “continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público”. 

Tras condenar el nombramiento de Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP, organizaciones como el Instituto de Mujeres en Migración (Imumi) y la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho (FJEDD) consideraron en redes sociales que esta situación “envía un mensaje alarmante sobre la falta de compromiso del Gobierno de México con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas”.