OAXACA, Oax., 20 de mayo (apro-cimac).- La lejanía de las instituciones de procuración de justicia con las comunidades indígenas y rurales provoca que más de 90% de los casos de abuso sexual infantil y violación queden en el subregistro, o que su “solución” sea negociada entre el victimario y la familia de la víctima.
Lo anterior ocurre con mayor frecuencia en comunidades indígenas y rurales y, cuando las niñas sufren una violación, el delito llega a “resolverse” con el matrimonio, refiere Zoyla Ríos Coca, de la Clínica de Atención Psicológica y Terapias Alternativas (CAPTA).


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