MONTERREY, NL (apro).- El conflicto entre la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) y el Gobierno de Nuevo León escaló luego de que el gobernador Samuel García rechazara la validez de un amparo federal obtenido por la compañía y afirmara que, desde su perspectiva, la resolución judicial no tiene efecto. 

Al referirse al caso, el mandatario negó que exista extorsión y sostuvo que la empresa mantiene adeudos por concepto de impuestos ambientales. Sin embargo, el punto que generó mayor polémica fue su postura frente a las resoluciones judiciales. “¿Qué pasó?, que hablamos con todas y les dijimos: oigan, ese amparo para mí no vale”, declaró el gobernador al referirse a las suspensiones obtenidas por algunas pedreras.