Desde hace más de cinco años los datos personales de 66 millones de contribuyentes con obligaciones fiscales han estado expuestos para la comisión de fraudes y suplantar la identidad de cualquier persona registrada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Una falla en la aplicación SAT ID permite a cualquier persona acceder a la información fiscal de otra, incluida la de quienes ocupan los cargos más altos del Estado mexicano, como los del propio gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.