MÉXICO, D.F., 5 de noviembre (apro).- La sala está llena de mujeres, han instituido un Tribunal de Conciencia para condenar a un Estado que no garantiza la justicia y vulnera de forma sistemática sus derechos; al entrar se puede escuchar el rumor de la indignación que crispa los cuerpos que se enteran de cómo y por qué el Estado mexicano es responsable de obstaculizar el esclarecimiento del asesinato de la periodista Regina Martínez.
Ha pasado más de un año desde aquel 27 de abril de 2012 y tres mujeres periodistas (Jade Ramírez, Daniela Pastrana y Norma Trujillo) exponen ante una juez los motivos y los hechos, documentan las inconsistencias en la investigación de la fiscalía de Veracruz, demuestran las omisiones que cometió la encargada de dictar sentencia a un presunto culpable que hoy está libre, exhiben la manera en que las autoridades tergiversaron las evidencias y antepusieron prejuicios fundados en estereotipos de género para evadir la posibilidad de ejercer justicia.


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