CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos palabras rondan en mi cabeza desde hace varios días, poder y deber. Pienso en ellas y normalmente las contrapongo no solo para apreciar sus diferencias, sino sobre todo para entender sus vínculos. Como me dedico profesionalmente a la defensa de causas de derechos humanos, cuando examino algún caso desde la óptica del deber, mi referente obligado es nuestra Constitución, y suelo contrastar lo que las autoridades estiman que pueden hacer y hacen con lo que deben hacer.

Si concluyo que el proceder de alguna autoridad no se apega a los mandatos de la Constitución, asumo que se puede emprender un litigio de interés público para remediar la situación. Quizá esta forma de abordar un problema explica mi nivel de exigencia para las instancias judiciales. No llego con súplicas, ni ocurrencias, más bien, con una demanda, y creo firmemente que es su trabajo garantizar el respeto de cualesquiera derechos humanos que estén involucrados en un juicio que inicio.