Rediseño del espacio aéreo sin evaluación ambiental

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Casi catorce meses han transcurrido desde que se puso en marcha el rediseño del espacio aéreo mexicano. Se hizo sin evaluación de sus impactos ambientales. La responsable de ello ha sido la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La autoridad que debió actuar como garante del derecho al medio ambiente sano declinó realizar su labor.

Casi dos meses después de que se impuso esa restructuración del espacio aéreo –sin participación informada de la población afectada en tierra por el mismo–, a la Agencia Federal de Aviación Civil se le ocurrió preguntarle a la Semarnat que le indicara qué trámite, autorización o permiso en materia de impacto ambiental debió haber obtenido. Lo solicitó mediante oficio 4.1540, del 18 de mayo de 2021.

¿Democratizar o politizar a la Suprema Corte?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Me imagino que debe ser muy frustrante perder un asunto en el Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia con un resultado favorable de siete votos contra cuatro. Me parece que una situación como la anterior da hasta para que se especule sobre el peso que tiene en la orientación de los votos de sus integrantes el origen de sus nombramientos. De ahí a pensar que la Corte se politiza por ello casi nada.

En cuanto a la legitimidad, creo que es más trascendente la que se gana durante el ejercicio, que la que se tiene de inicio. Como sea, la verdad sea dicha, en este sexenio ya se han realizado todos los nombramientos que corresponden, a menos que se presente una situación extraordinaria que imponga la necesidad de elegir a una persona extra para completar en pleno nuestro máximo tribunal constitucional.

Una lucha por la independencia judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Me permito ser crítico con la labor judicial porque considero que es la función de Estado más importante para asegurar nuestros derechos y bienestar. Obviamente respaldo que se exija a cada órgano judicial que rinda cuentas sobre su proceder. Pero nada de eso significa que me sea indiferente la defensa de la independencia judicial desde múltiples frentes, al interior para sus integrantes, y hacia el exterior ante los otros Poderes. Fiel a mis convicciones, tal defensa no es solo de palabra.

Este año el Poder Judicial del Estado de Morelos me confió la responsabilidad de colaborar en un juicio de controversia constitucional a favor de su independencia y autonomía presupuestaria. Luego de tres años de solo poder defender al Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes de esa entidad, por fin tuve ocasión de plantear una defensa común para aquel Poder local en la controversia 15/2021.

Sin lugar para regresiones climáticas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se espera que en las próximas semanas el tema del cambio climático tenga más presencia en las conversaciones públicas. Así debería ser hasta que sea asunto de interés público permanente. Más allá de eso, la exigencia, el seguimiento y la fiscalización de acciones reales para atender la crisis climática actual son básicas.

Me ha tocado participar de primera mano en un amparo de pronóstico reservado. Hace unos días notificaron a Greenpeace México que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, decidió revocar el fallo del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y conceder una suspensión definitiva para el efecto de paralizar los actos de ejecución de la Revisión de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, actualizadas en 2020; y para que las autoridades responsables continúen con las correspondientes actuaciones en términos de lo previsto en los Compromisos de Mitigación y Adaptación de Cambio Climático para el periodo 2020-2030, del 2015.

¿Quién controla el Presupuesto?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace dos semanas se presentó el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022. Se hizo público el proyecto de presupuesto de egresos que el Ejecutivo federal ha sometido a consideración de la Cámara de Diputadas. Cuando sea aprobado, podremos saber con cierto detalle en qué se piensa gastar nuestro dinero público.

Pero antes de su examen, de negociaciones, debates y disputas parlamentarias, cabe preguntar si existen pautas de control para lo que envía el presidente de la República, pues quien controla los temas de discusión, impacta sus resultados. Así que, ¿hay forma de exigir que tal proyecto de presupuesto sea constitucional?

Defiéndanse bajo su propio riesgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México es uno de los países más peligrosos para defender derechos humanos. Si a eso se añaden obstáculos para plantear la defensa de causas de derechos en juzgados y tribunales, las cosas empeoran. Pero si además se cierra la posibilidad de que organizaciones defensoras de derechos acudan al amparo para exigir que se respeten tales derechos, se magnifican las cargas y riesgos para toda la gente.

Conviene imaginar algunos ejemplos. Supongamos que las condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad no son las óptimas, a grado tal que es posible que se violen varios de sus derechos humanos. ¿Qué sucedería si a una organización que tuviera por objeto social defender los derechos de la población carcelaria no se le reconociera interés legítimo de índole colectivo para interceder en esta causa? ¿Qué pasaría si se pretextara que el derecho a condiciones dignas de vida en reclusión solo pueden gozarlo, ejercerlo y defenderlo, personas físicas?

Entre la propaganda y una realidad judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hay historias que no me gustaría compartir en este espacio. Simplemente porque es muy ingrato tener que dedicarme a criticar algunas resoluciones judiciales que no deberían dictarse. Además en un contexto en el que es necesario defender al Poder Judicial federal, frente a embates políticos exagerados. Pero entre idealizar la labor judicial y hacer propaganda a su favor que no corresponde con la realidad que se vive en ciertos casos, o denunciar precedentes incompatibles con lo que se espera y debe exigirse a cada órgano de ese Poder, prefiero optar por lo segundo.

Es conocido que se acaba de cambiar de época judicial debido a la reforma que se ha presumido como la más importante de este siglo para el Poder Judicial de la Federación. Se anuncia que la undécima época traerá la consolidación del goce efectivo de los derechos humanos, lo cual requiere indefectiblemente que todos y cada uno de los órganos judiciales asuman su rol activo de garantes de derechos.

Un litigio climático: el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos palabras rondan en mi cabeza desde hace varios días, poder y deber. Pienso en ellas y normalmente las contrapongo no solo para apreciar sus diferencias, sino sobre todo para entender sus vínculos. Como me dedico profesionalmente a la defensa de causas de derechos humanos, cuando examino algún caso desde la óptica del deber, mi referente obligado es nuestra Constitución, y suelo contrastar lo que las autoridades estiman que pueden hacer y hacen con lo que deben hacer.

Si concluyo que el proceder de alguna autoridad no se apega a los mandatos de la Constitución, asumo que se puede emprender un litigio de interés público para remediar la situación. Quizá esta forma de abordar un problema explica mi nivel de exigencia para las instancias judiciales. No llego con súplicas, ni ocurrencias, más bien, con una demanda, y creo firmemente que es su trabajo garantizar el respeto de cualesquiera derechos humanos que estén involucrados en un juicio que inicio.

A diez años de la reforma constitucional de derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tengo un recuerdo idealizado en torno a esta reforma que hoy cumple diez años: que me ha tocado defenderla incluso desde antes de que se llevara a cabo. No es nostalgia, es más bien satisfacción. Saber que desde que tuve la fortuna de participar en la “Propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos, elaborada por las organizaciones de la sociedad civil y por académicas y académicos especialistas en derechos humanos”, abogué por la inclusión de un mandato constitucional que, en mi opinión, es la esencia de nuestra Constitución.

En aquel entonces la idea era dejar claro en el texto constitucional que las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales tendrían jerarquía constitucional, y todavía más importante, que ellas prevalecerían en la medida que confirieran una mayor protección a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos. Se trataba de incorporar a nuestra Constitución el principio pro persona.