Ciudad de México (apro).- En una de sus múltiples ocurrencias, López Obrador hará que el 1 de agosto de este año se lleve a cabo una consulta popular para –según él y muchos que le han comprado el argumento– saber si esa abstracción llamada “pueblo” está de acuerdo en que se juzgue a los expresidentes.

Aunque el texto de la consulta dice otra cosa (“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”), su espíritu apunta a algo con lo que López Obrador se comprometió y no ha dejado de traicionar: una agenda profunda de justicia transicional.