CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció acción penal contra Cristian Solís, identificado como dueño de la mina de carbón mineral “El Pinabete” en Sabinas, Coahuila, que el pasado 3 de agosto se derrumbó dejando atrapados a 10 mineros.

A través de un comunicado, la FGR informó que solicitó ante el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Coahuila, en la ciudad de Torreón, fecha y hora de audiencia para imputar a Cristian Solís por explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación, el subsuelo, a través de la mina.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo en el que ordenó a elementos del Ejército mexicano a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la desaparición forzada de la que fueron víctimas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), ocurrida el 25 de mayo de 2007 durante un operativo militar realizado en la entidad.

Por mayoría de 3 votos la Primera Sala de la Corte avaló el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat en el que ordenó otras medidas de reparación del daño ante la falta de resultados en las diligencias de búsqueda e investigación de lo que ocurrió con los activistas.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo a Juan Carlos de la Barrera Vite, exfiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), con lo que su sentencia de 15 años de prisión por vender información al Cártel de Sinaloa, ha quedado firme.

Por mayoría de votos, a propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, la Sala destacó que el agravante de la sanción para quien siendo servidor público comete delincuencia organizada, no viola los derechos humanos como lo afirmó De la Barrera.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal negó una suspensión definitiva con la que una organización civil buscaba mantener paralizadas las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya, que corre de Tulum a Playa del Carmen y del Tramo 6 del mismo que va de Tulum a Bacalar, en el estado de Quintana Roo.

De este modo, quedó sin efectos la última suspensión provisional que prohibía al gobierno federal continuar con la construcción del Tramo 5 Sur.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Alonso Castillo, hijo y nieto de Alejandra Cuevas y Laura Morán, respectivamente, mujeres acusadas de provocar la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero presentó un primer escrito  en la carpeta de investigación número FED/FECOC/UE/UEIDAPLE-CDMC/0001544/2021 iniciada en su contra luego de que el fiscal Gertz Manero lo denunció de extorsión.

En su denuncia, el fiscal Gertz Manero señaló a Castillo Cuevas de ejercer una extorsión a través de medios de comunicación debido a que desde 2021 comenzó a difundir el caso de su madre y su abuela y a acusarlo públicamente de abuso de poder y de utilizar sus influencias para lograr que su madre fuera detenida y que libraran orden de aprehensión en contra de su abuela.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Un tribunal federal amparó al abogado Juan Collado contra la prisión preventiva justificada que le fue impuesta cuando se le vinculó a proceso por el delito de defraudación fiscal equiparable y ordenó revisar nuevamente el asunto.

El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México concedió el amparo al abogado para devolver el expediente al juez de control del Reclusorio Norte y que este a su vez, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente si lo someterá o no a prisión preventiva justificada.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Instituto Nacional Electoral (INE) impugnó la decisión de la ministra Yasmín Esquivel Mossa de frenar la orden para que la Fiscalía General de la República (FGR) le entregue una copia de la carpeta de investigación del caso Odebrecht.

El INE solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revierta la admisión a trámite de la controversia constitucional presentada por la FGR contra la orden emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal concedió una suspensión definitiva a Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), contra la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene pendiente por delincuencia organizada y lavado de dinero; sin embargo, la medida no impide a las autoridades ejecutar el mandamiento.

El juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México señaló en su resolución que los delitos por los que fue emitida la orden de captura contra Robles Berlanga ameritan prisión preventiva de oficio.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El juez Primero de Distrito en el estado de Yucatán, Adrián Novelo, rechazó mantener dos de las tres suspensiones que prohibían al gobierno federal continuar con las obras en el tramo 5 sur del Tren Maya, que corre de Playa del Carmen a Tulum.

El juzgador negó las suspensiones definitivas en dos amparos tramitados por residentes de Quintana Roo y Cenote Republic, con números de expediente 820 y 821, ambos de 2022, en los que hasta hoy permanecían vigentes las suspensiones provisionales que concedió el 18 de abril pasado por falta de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

El pasado 28 de julio se aprobó en San Lázaro un dictamen de reforma constitucional –a iniciativa de Morena– que permite la readscripción de jueces y magistrados cada cinco años, una medida que puede afectar a mil 600 impartidores de justicia. Y aunque la iniciativa arguye que se trata de terminar con la corrupción y el clientelismo, representantes del gremio afectado dicen que la medida violenta la independencia e inamovilidad judiciales y es contraria a los estándares constitucionales.

CDMX (Proceso).- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de reforma constitucional que puede provocar que mil 600 jueces y magistrados tengan que mudarse de estado cada cinco años, con el argumento de que con esto se evitarán casos de corrupción y clientelismo en juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación (PJF).