CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En preocupante contradicción con su oferta del cambio de régimen implicado en la llamada Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador ya ejerce el poder –que asumirá en dos meses y medio– con pragmatismo e ímpetu propios del presidencialismo autoritario. Ufano, impone su voluntad a diestra y siniestra sin valorar las consecuencias de su precipitada toma de decisiones o aceptando sin rubor las incongruencias derivadas de ellas. El burdo trueque de Morena con el Partido Verde para pasar de 247 a 252 legisladores y lograr la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados ha causado indignación en la ciudadanía y, al menos, desconcierto entre sus incondicionales.

A cambio de ceder cinco diputados, la franquicia verde exigió que el Senado avalara una trapacería surrealista: otorgarle licencia al senador Manuel Velasco Coello para que pudiera retomar su cargo de gobernador de Chiapas –¡como sustituto de sí mismo!– en clara violación de los artícu­los 55 y 125 de la Constitución. Además, en un primer momento de la sesión del martes 4, el Senado negó la licencia al senador Velasco, pero minutos después, tras un apasionado discurso del coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, los senadores recularon y otorgaron la licencia a Velasco, infringiendo el artículo 72 constitucional que prohíbe plantear un mismo asunto dentro del mismo periodo de sesiones (¡Así no…!, Proceso 2184).

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Paso a paso, Enrique Peña Nieto ha puesto en práctica la estrategia para imponer a su candidato mediante la utilización ilícita y punible de las instituciones del Estado. El mandatario está resuelto a lograr, a como dé lugar, algo prácticamente inalcanzable por la vía de la legalidad electoral: que José Antonio Meade resulte ganador en los comicios del 1 de julio, a pesar de estar ubicado en un lejano tercer lugar en todas las encuestas, del rechazo al presidente y su partido, además de su escaso carisma y lo anodino de su oferta de campaña. Por tanto, Peña Nieto ha decidido abusar del poder presidencial para evitar a toda costa que el voto ciudadano favorezca a Ricardo Anaya o a Andrés Manuel López Obrador.

CIUDAD DE MEXICO (proceso).- La desenfrenada corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido nuevamente desenmascarada. Se ha revelado el método utilizado para el manejo ilegal de fondos del erario destinados a apoyar al PRI en procesos electorales estatales, ejecutado desde la Secretaría de Hacienda. Por comisión u omisión, los tres titulares de esa dependencia en este sexenio, así como el propio mandatario, están presunta y claramente implicados en dicha tropelía.

La Fiscalía General de Chihuahua investiga el desvío de al menos 250 millones de pesos a las campañas electorales del PRI durante el gobierno de César Duarte en el estado, cuando Manlio Fabio Beltrones era presidente del PRI. De acuerdo con cientos de documentos revisados por The New York Times y declaraciones de exfuncionarios vinculados al plan, se depositaron cerca de 14 millones de dólares en las cuentas de cuatro compañías fantasma; fueron utilizados para las campañas priistas en 2016 (NYT, 20/XII/17). Alejandro Gutiérrez, exsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, está preso, acusado de malversación de fondos. Beltrones se amparó.