CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, me gustaría preguntarle al menos una cosa: ¿cómo piensa manejar él y su gobierno los recursos económicos de nuestro país?

Lo ejemplifico un poco en varios campos. Según el voto particular del comisionado Adolfo Cuevas Teja, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Televisa y TV Azteca pagarán menos por las prórrogas de sus concesiones de televisión. Por supuesto, esta decisión proviene de un órgano constitucional autónomo con esa atribución y no es responsabilidad del titular del Ejecutivo. Pero me sirve como un caso inicial para cuestionar el modo en que nuestras instituciones disponen del dinero público.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque puedan existir opiniones encontradas, soy partidario de la independencia judicial. El detalle es que no respaldo cualquier tipo de independencia. Pienso que ella es una garantía institucional para facilitar que los poderes judiciales cumplan con sus encomiendas constitucionales de proteger y garantizar nuestros derechos.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por fin se ha anunciado la mecánica para la consulta sobre el nuevo aeropuerto. Habrá quienes postulen que con ella queda inaugurada una nueva forma de democracia más cercana a la gente. Algo que distinguirá al próximo gobierno de todos los anteriores. Quisiera estar de acuerdo, pues llevo muchos años de litigio para exigir el respeto del derecho a la participación directa en asuntos públicos. Sin embargo no puedo, me resulta imposible dejar de criticar la consulta revelada.

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Mientras el gobierno saliente exhibe su realidad paralela y la administración entrante promete una gran transformación, merece la pena detenerse un momento para reflexionar sobre el hecho de que tendremos por vez primera un gobierno que se anuncia de izquierda democrática.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la luz del debate público inaugurado por los 50 puntos anticorrupción y de austeridad del próximo gobierno, quiero enfocarme en el tema del Poder Judicial. ¿Privilegios inconfesables o condiciones necesarias para un servicio público indispensable?, usando las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales.

En mi opinión, servir en el Poder Judicial es la responsabilidad más honorable que se puede tener en un estado constitucional de derecho. Garantizar derechos humanos y el orden constitucional, incluso contra mayorías en los congresos y el poder de la Presidencia es, sin duda, una función pública trascendental.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La defensa de los derechos humanos es la responsabilidad más importante de cualquier gobierno que busque conducirse en un régimen de Estado constitucional y democrático de derecho. Pero esa tarea no corresponde únicamente a la Presidencia de la República. Salvaguardar los derechos humanos es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias.

En mi experiencia como litigante de causas de derechos humanos durante los últimos tres sexenios, las más de las veces me ha tocado atestiguar un comportamiento bastante lejano al respeto de tales derechos por parte de las instancias de la administración federal.