CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La defensa de los derechos humanos es la responsabilidad más importante de cualquier gobierno que busque conducirse en un régimen de Estado constitucional y democrático de derecho. Pero esa tarea no corresponde únicamente a la Presidencia de la República. Salvaguardar los derechos humanos es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias.

En mi experiencia como litigante de causas de derechos humanos durante los últimos tres sexenios, las más de las veces me ha tocado atestiguar un comportamiento bastante lejano al respeto de tales derechos por parte de las instancias de la administración federal.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Durante 2018, en la agenda del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia, pocos temas tan trascendentes como el de la Ley de Seguridad Interior. Al respecto, mi punto de partida es que la actuación del presidente y del Congreso pone de manifiesto la lejanía que ambos tienen frente a las voces especializadas que desde todos los frentes advirtieron sobre las inconsistencias de aquélla en relación con el respeto a un régimen democrático de derecho.
El Ejecutivo y el Legislativo le han puesto un reto mayúsculo al tercero de los poderes de la Unión, que sin contar con nuestra representación directa, ahora tiene el deber de asegurar la democracia y los derechos humanos ante dicha ley.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante 2018, en la agenda del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) pocos temas son tan trascendentes como el de la Ley de Seguridad Interior.

Al respecto, mi punto de partida es que la actuación del presidente y del Congreso pone de manifiesto la lejanía que ambos tienen frente a las voces especializadas que desde todos los frentes advirtieron sobre las inconsistencias de aquella Ley en relación con el respeto a un régimen democrático de derechos.