CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Además de Emilio Lozoya Austin, el fugitivo exdirector de Pemex, su hermana Gilda y Alonso Ancira Elizondo, el empresario detenido en España, la Fiscalía General de la República (FGR) va contra otros prominentes personajes del gobierno de Enrique Peña Nieto implicados en la compra-venta de la planta chatarra de fertilizantes que le causaron un millonario daño patrimonial al país.

“El caso de estas tres personas es sólo una porción de este asunto”, precisa el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien revela a Proceso que “el corazón del caso, la estructura fundamental, se va a presentar ante los tribunales en los próximos días” para que no quede impune el daño patrimonial ni sus operadores y beneficiarios.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) perdonó adeudos fiscales millonarios a algunas de las empresas más poderosas del país, que incluyen corporaciones vinculadas a ocho integrantes de la exclusiva lista de multimillonarios de la revista Forbes.

Ellos son el magnate Carlos Slim Helú, Ricardo Salinas Pliego, María Asunción Aramburuzabala, la familia Hank, Rufino Vigil González, Emilio Azcárraga Jean, Roberto Hernández Ramírez y David Peñaloza Alanís, quienes aparecieron entre los 2 mil 153 personajes que detentan más de mil millones de dólares en 2019. Sus fortunas suman en conjunto 88 mil 400 millones de dólares.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Entre 2015 y 2018, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgó mil 483 cancelaciones de créditos fiscales a 27 empresas fantasma, emisoras de facturas falsas o importadoras de productos, que según los cálculos del organismo tributario debían 59 mil 560 millones de pesos.

El SAT otorgó, por ejemplo, 113 cancelaciones de créditos fiscales por 2 mil 68 millones de pesos a dos sociedades de papel relacionadas –entre otras– con el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 por medio de los monederos Monex.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Un intrincado programa de contratos para la construcción de gasoductos que beneficia a empresas energéticas, directorios plagados de exfuncionarios públicos ligados con grupos de poder, asociaciones adicionales con empresas implicadas en escándalos de corrupción y, finalmente, un costo estimado en 16 mil millones de pesos para este año, han desatado un nuevo debate nacional.

La mañana del lunes 11, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó en su habitual conferencia las condiciones en las que se encuentra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), destacadamente en relación con siete gasoductos operados por particulares, a quienes se les paga sin que sus obras operen, con lo que colocó en la mira a las empresas IEnova, Carso y TransCanada.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- A tres décadas de que Carlos Salinas derrocó a Joaquín Hernández Galicia, La Quina, como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que se cumplieron el viernes 11, inicia también el declive de Carlos Romero Deschamps, el heredero de ese gremio asociado a la corrupción que solaparon los presidentes priistas Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto, así como los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.

Romero Deschamps, quien el martes 9 tramitó ante el Poder Judicial un amparo para evitar su captura inició apenas su cuarto periodo consecutivo al frente del STPRM. Y unque en septiembre de 2017 fue elegido “por unanimidad” para un nuevo periodo de cinco años, que va del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2024, no se prevé que culmine su gestión.

GUADALAJARA, Jal. (proceso).- En el robo de combustible participan los propios empleados de Pemex, dueños de gasolineras, funcionarios y políticos, así como narcotraficantes, sostiene Pablo González Córdova, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas).

Revela: “Es toda una red que creció en los últimos años al amparo de los gobiernos de los tres niveles. Y cuando uno denunciaba el robo de combustible de Petróleos Mexicanos nadie hacía caso; peor aún, cuando algún expendio se oponía a vender huachicol, desaparecía algún familiar del concesionario o su chofer amanecía hecho pedacitos.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El robo de combustible adquirió una dimensión internacional entre 2006 y 2011, cuando el Cártel del Golfo y Los Zetas robaron condensado de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en contubernio con empleados de la petrolera, sus contratistas y empleados aduanales, para exportarlo a Texas.

Ante ello, Pemex Exploración y Producción (PEP), filial de la ahora empresa productiva del Estado, entabló tres demandas ante la Corte del Distrito Sur de Texas contra 24 empresas y seis individuos acusados de apropiación indebida proveniente del uso de propiedad robada, enriquecimiento ilegal, recepción de dinero ilícito, conspiración civil para cometer un delito y violaciones de las leyes de Responsabilidad por Robo –de Texas– y la de Organizaciones Corruptas e Influidas por la Mafia.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Ante la crisis del robo de combustibles en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió valerse de las Fuerzas Armadas en pleno. A diferencia de sus antecesores, que recurrieron principalmente al Ejército, el Ejecutivo pidió ya la intervención adicional de la Fuerza Aérea y la Marina.

Con la incorporación de la vigilancia aérea de los ductos, los militares del aire participan desde el viernes 11 en las operaciones desplegadas la semana pasada, cuando el Ejército y la Marina tomaron instalaciones estratégicas de abasto y distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) en todo el país.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Aún no cumplía su primera semana como senador cuando el empresario minero Santana Armando Guadiana Tijerina abogó en instancias públicas por sus negocios.

El 29 de agosto, cuando tomó protesta, se iniciaron también los trámites para la adquisición de 800 mil toneladas de carbón mineral para alimentar las carboeléctricas Carbón II y José López Portillo, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que él, como senador, gestionó y difundió en medios; pero nunca mencionó que ha sido uno de los principales proveedores.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- A pesar de contar con más de 3 mil empleados en su nómina, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) firmó bajo la dirección de Benito Neme Sastré un contrato de outsourcing hasta por 2 mil 172 millones de pesos con una empresa denominada Servicios Integrales Trujillo Romano con vigencia de diciembre de 2016 al 31 de mayo de 2019, pero con un domicilio fiscal “fantasma” y con irregularidades evidentes en la supuesta contratación de más de 4 mil personas.

De acuerdo con una investigación que realiza el Órgano Interno de Control (OIC), consultada por Proceso, se presume un daño patrimonial de 38.5 millones de pesos por concepto de “sueldos pagados no devengados” que involucra al administrador del contrato, Carlos Fernández Sánchez, subdirector de Administrador de Capital Humano y Desarrollo Organizacional.