CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 23 de abril pasado, el Ejecutivo Federal hizo llegar a la Cámara de Diputados una iniciativa (la “Iniciativa”) para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (la “Ley”). La Iniciativa ha sido duramente criticada, incluso por legisladores del propio grupo político del Ejecutivo como Porfirio Muñoz Ledo, que la ha tachado de inconstitucional. Consideramos que es trascendente analizar de manera sucinta su contenido a la luz de la Constitución y ley aplicable.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La información es vital para combatir esta pandemia que ha cambiado al mundo en unos meses. En torno a ella se conjugan derechos y deberes que requieren ser bien delimitados. El gobierno tiene la obligación de difundir información fidedigna que llegue a todos los sectores de la población de manera oportuna, accesible, comprensible y con suficiencia. Sin esa información no se puede esperar que participemos como es necesario para protegernos en lo individual y en lo colectivo.

Si la información que el gobierno transmite no es precisa, no es fiable, se pone en peligro a toda la sociedad. Cualquiera tiene el derecho de cuestionar la veracidad de esa información, de refutarla y de dar a conocer sus dudas puntuales. Pero ello no implica que se tenga el derecho a desinformar a las personas, solamente con el afán de menoscabar la autoridad del gobierno. Aquí los medios de comunicación deben ver enaltecidos tanto su rol como su responsabilidad, de por sí esenciales.

Ciudad de México (apro).- La vieja libertad de publicar escritos se denomina ahora libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Ese artículo 7º constitucional, reformado en 2013 (único cambio desde 1917), no se refiere sólo a los periodistas, sino a todas las personas. Sin embargo, se pretende que en los hechos no sea así, pues se invoca como garantía de unos cuantos, los profesionales de la comunicación.

Por Rafael Hernández Estrada / Análisis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Presentado como un hecho histórico y un parteaguas de la lucha contra la corrupción, el Decreto de extinción de los fideicomisos públicos se limita en realidad a una medida casi desesperada del gobierno federal para agenciarse recursos que le permitan cubrir sus obligaciones en materia de deuda pública, ante la caída de la recaudación fiscal y de los ingresos petroleros.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ningún sistema sanitario estaba preparado para la pandemia de Covid-19, ni siquiera los mejores en el mundo. Ha sido sorpresivo el ataque viral. La pregunta es por qué.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Antes añoraba la llegada del día en que se establecieran vacaciones judiciales en materia de amparo. Un mes al cambio de año, otro a la mitad, para que juzgados y tribunales, todos, pospusieran sus labores cotidianas y nos permitieran descansar. Nunca pensé en el impacto que dicha pausa tendría entre quienes nos dedicamos a litigar. Si no corren plazos, tampoco las prisas y a la clientela no le apura abonar.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Frente a la crisis económica desatada con motivo del covid-19, uno de los debates se ha ubicado en los subsidios públicos a los capitalistas. Todos discuten sobre de qué tamaño será la disminución del PIB, pero pocos hablan de la dimensión de la pobreza y de la que ha sido agregada en la crisis.

Juan Humberto Urquiza García*

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El SARS-2 o covid-19 le impuso al mundo globalizado y al modelo económico una pausa obligada, lo que nos ha confirmado la relación entre crecimiento económico y deterioro ambiental. La pandemia nos corroboró cuan frágil y desigual es el sistema económico y la importancia de realizar cambios.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Apenas el viernes pasado escribía que algo debía hacer el gobierno para apoyar a las personas y empresas que emplean a buena parte de la población, y que no coincidía en dirigir la inversión pública a los megaproyectos que impulsa la actual administraciónn federal. No podía imaginar que al día siguiente un juzgado de amparo dictaría un acuerdo que aporta argumentos esenciales para dicho debate.

Pero al parecer es lo que sucedió. El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, concedió una suspensión provisional a una empresa cervecera en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 293/2020, para el efecto de que se adopten las medidas necesarias para la protección de las fuentes de empleo ante la crisis causada por la emergencia sanitaria global ocasionada por la enfermedad covid-19, al considerar que resultan esenciales para que las personas trabajadoras puedan subsistir, ya que con ello pueden acceder al salario que les permitiría garantizar sus necesidades básicas.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La pandemia covid-19, como emergencia de salud, durará unos meses, pero su impronta podrá perdurar varios años y provocar cambios imprevistos. No se trata de la recesión a la que ha llevado la alerta sanitaria, ya que, al fin, la bajada de la producción y de los servicios será superada y paulatinamente se recuperará la economía mundial.

El problema que tenemos enfrente es que la globalización económica galopante no contiene un acuerdo político suficiente para establecer normas admitidas por todos y mecanismos comunes para la gestión de las condiciones básicas de la vida, incluyendo, naturalmente, la seguridad en su más amplia acepción.