CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace unos días se publicó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la que junto con las de índole penal antigarantista, del Garrote, Bonilla y Educación por venir, forman las normas de un mundo feliz, que recuerda el de Huxley con los épsilon en mayoría controlada, el de Shakespeare en la Tempestad: “How beauteous mankind is! O brave new world”.

Esa ley reglamenta el artículo 22 de la Constitución Federal en lo referente a la materia de extinción de dominio. Tal artículo 22 dice que queda prohibida la confiscación de bienes, entre otras cosas, pero que no se considerará confiscación la aplicación de bienes a favor del Estado cuyo dominio se declare extinto por sentencia. No obstante reglamentar una parte de un artículo constitucional, hay bases para sostener que dicha ley de extinción de dominio, paradójicamente resulta en varios aspectos, contraria a la Constitución.

COLUMNA / EJE SUR

BOGOTÁ (apro).– La exfiscal colombiana Ángela María Buitrago, quien fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y hoy colabora con la nueva investigación del caso Ayotzinapa, acaba de ganar en su país un caso judicial que deja muy mal parados a ciertos personajes de la ultraderecha mexicana y a ciertos defensores de la “verdad histórica” de la Noche de Iguala.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se requiere una nueva policía en la Ciudad de México. Esto se ha dicho durante muchos años. Tal discurso ya ha cansado de tanto repetirse, pero mucho más enfada la ausencia de reformas profundas en el cuerpo policial capitalino.

Cuando desde una corporación de policía preventiva o “ministerial” (antes judicial) se filtran a la prensa indebidamente informaciones sobre víctimas, sin que las autoridades condenen el hecho y mucho menos persigan a sus autores, es cuando mejor se aprecia la descomposición institucional. Tal cosa ha ocurrido hace unos días, como expresión de arraigadas costumbres.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En mayo de este año se aprobaron reformas al artículo 3° de la Constitución. El artículo séptimo transitorio de dichas reformas establece que el Congreso deberá realizar reformas a la legislación secundaria correspondiente, en un plazo de 120 días a partir del 15 de mayo. Entre la legislación secundaria que requiere de reformas está la Ley General de Educación, expedida en 1993; pero en lugar de reformarla, un grupo de diputados pretende sustituirla por una nueva ley general de educación, cuya iniciativa fue ya turnada a la Cámara de Diputados para su discusión en comisiones. Al violarse la decisión soberana, tal iniciativa está viciada de origen.

Y, desde otra óptica, el contenido de dicha iniciativa de ley atenta contra derechos humanos fundamentales de los padres de familia, y viola tratados internacionales de derechos humanos. Divido este texto en tres partes: la primera, sobre la violación del mandato soberano de solamente reformar la Ley General de Educación de 1993; la segunda, acerca de su contenido, y la tercera, sobre tratados internacionales y conclusión.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las policías atacan a la población. La población lincha presuntos delincuentes. No pueden generalizarse ambos hechos, pero son extremedamente preocupantes. Y me pregunto si existe alguna variable que pueda vincularlos. Me atrevo a opinar que sí. Hay síntomas todos los días, en múltiples ámbitos, que me orillan a pensar que nuestros gobiernos cada día tienen menos autoridad y que las leyes están perdiendo su sentido de obligatoriedad entre las personas. Si a ello le añadimos el factor impunidad, ese sí bastante generalizado, el pronóstico no resulta alentador.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El caso contra Rosario Robles, lance legal que por primera vez en la historia política moderna colocó a una exsecretaria de Estado en la cárcel, así sea de manera preventiva, deja aún la sensación de eventual impunidad, una opinión más o menos generalizada de que, como ocurrió con casos como el de Elba Esther Gordillo, se resolverá en libertad, bajo la idea de que la Fiscalía General de la República (FGR) no logre acreditar más delitos de aquel por el que la tiene en prisión o incurra en errores que violen garantías de la exfuncionaria.

La apuesta de la fiscalía –que, aun siendo autónoma, inevitablemente es asociada con el rumbo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador centrado discursivamente en erradicar la corrupción— es a la ampliación de imputaciones, una suerte de, digamos, caso buscador que surtió efectos tempranos.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La matanza perpetrada en El Paso, Texas, ha desatado una ola masiva de indignación, sincera una, y farisaica otra, tanto aquí como en los Estados Unidos. Dedico este artículo a los valientes refugiados perseguidos aquí y allende el Bravo.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las estafas no suele llevar rúbrica. Alguien signa un papel en algún momento pero por órdenes superiores, mientras quien da la orden no reconoce nunca el acto ya que no firma los papeles. Así ha funcionado un viejo sistema de atracos contra los fondos públicos del Estado mexicano.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su presidente, Arturo Zaldívar, tendrán antes de que acabe el año su verdadera prueba ante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y la división de Poderes.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pemexgate y la Estafa Maestra son operaciones hermanas: robar fondos públicos para invertir en la compra de votos. Recordemos unas historias.