CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La política laboral del gobierno peñanietista precarizó las condiciones del trabajo en el país. El desmantelamiento de derechos fue parte de una continuidad histórica iniciada en el sexenio de Felipe Calderón y no sólo porque en su ocaso se haya aprobado la Reforma Laboral, también porque desde 2006, el retorcimiento de la ley fue constante para imponer los criterios de la opulencia.

El deterioro de las condiciones del trabajo, aun sin reformas de fondo –excepto por las relativas al sistema pensionario y la burocracia magisterial—se patentó también en el ámbito burocrático, contemplado en el Apartado B del artículo 123 constitucional que distingue entre trabajadores de base y de confianza con derechos laborales fundamentales garantizados, a través de una tercera categoría: la del trabajo eventual.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde 2013, antes inclusive de que terminaran los procesos legislativos para concretar la Reforma Energética, una asociación civil inició cabildeos y articuló una red de relaciones en México y el extranjero, a fin de promover la inversión en shale gas: el Clúster de Energía Coahuila.

Dicha asociación fue creada por el exgobernador de Coahuila y exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, economista excluido de la élite tecnócrata, acabada su carrera política por ser protagonista del escándalo conocido como “Pemexgate”, de triangulaciones millonarias de la entonces paraestatal al sindicato petrolero para de ahí, financiar la campaña presidencial de Francisco Labastida.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- No es tema menor la versión de que durante el movimiento estudiantil de 1968 operaron grupos con “ocultas intenciones” como dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue, en la sesión solemne de la Cámara de Diputados el pasado 2 de octubre.

Con esa versión se ha buscado erosionar la legitimidad del movimiento. La especie de que aquella lucha, como otras, fue manipulada desde las oscuridades siempre ha tenido como propósito la descalificación proveniente de las fuerzas, y partidos conservadores.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una de las características de la posverdad requiere mezclar dos tantos de mentiras y uno de verdad y presentarla como información noticiosa, confiable. Eso le ha pasado a la Dra. María Álvarez-Buylla, directora designada del Concacyt, a quien los detractores del presidente electo se le han ido a la yugular desde ayer por el “pecado” de asegurar el buen uso de los recursos del Conacyt para el 2019 y tener márgenes de maniobra para operar la institución emblemática de la ciencia y la tecnología del Estado mexicano.

Primero. Políticos contrarios a Morena y sus seguidores descalificaron a Álvarez-Buylla por “querer dar órdenes desde ahora” en el Conacyt. Eso es una falsedad. Es absurdo la propia especie. Lo que hizo la directora designada fue solicitar que no se comprometieran recursos económicos correspondientes al 2019. Nunca fue una orden porque carece de atribuciones legales para ello. Fue una solicitud la cual está amparada en el derecho de petición previsto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derecho que, dicho sea de paso, es una prerrogativa de todo ser humano.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si hay un tema en el que el próximo presidente de la República ha sido inconsistente es el de las Fuerzas Armadas.

De su rechazo a que cumplan funciones de seguridad interna, ha pasado al reconocimiento de que no se puede prescindir de ellas en el mediano plazo; y de su pretensión de crear una Guardia Nacional habla ahora de Guardia Civil… con participación militar.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado lunes, Alejandro Cerezo Contreras fue detenido al llegar a Panamá para participar en un encuentro internacional derechohumanista donde sería ponente. Lo interrogaron durante dos horas y media, tiempo en el que le preguntaron hasta por la militancia política de sus padres. El gobierno mexicano lo tiene boletinado, por lo visto, después de haber evidenciado como integrante del Comité Cerezo México, la gravedad de la represión en el período peñanietista.

#MemoriaPública / CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dicen que a más de la mitad de los mexicanos ya no les importa lo que pasó hace medio siglo: la peor matanza social ejecutada por el Ejército bajo las órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Dicen que solo recuerdan esa fecha como una efeméride, pero si esto fuera cierto habría que decir que lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 es un punto de quiebre en la historia moderna del país.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 13 de agosto de 1968 se realizó una marcha irrepetible en la historia reciente del país. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Barros Sierra, encabezó la primera y gran manifestación hacia el Zócalo capitalino en defensa de la autonomía de la universidad, vulnerada con el bazukazo militar a la legendaria puerta de San Ildefonso, y en apoyo a las demandas de los jóvenes estudiantes del Politécnico y de la UNAM, recién organizados en el Consejo Nacional de Huelga (CNH) surgido el 2 de agosto.

“¡Viva la discrepancia porque es el espíritu de la universidad!”, había exclamado Barros Sierra para demostrarle a su viejo adversario político, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, que el país de las unanimidades termina en la nación de los sepulcros. No podía proseguir el “milagro mexicano” sin libertades ni tolerancia.