CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Ni duda cabe que el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) ha dado un giro sustantivo en sus prioridades, agendas y definición de grandes problemas nacionales en relación con lo que se había hecho por mucho tiempo atrás en el antiguo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conahcyt). ¿Es eso bueno o malo? Depende de la perspectiva desde la que se vean las cosas. De ese tema, ya he dedicado algunos puntos de vista en otra oportunidad. (https://www.proceso.com.mx/opinion/2023/5/10/del-conacyt-al-conahcyt-definiciones-306773.html). Hoy, sin embargo, ha trascendido una noticia que por sí misma resultaría muy grave si fuera veraz: Se ha afirmado que se ha eliminado el 95% de las becas al extranjero. Dicho así, sin duda, que nadie en su sano juicio podría estar de acuerdo, de ahí que sea oportuno hilvanar algunas reflexiones sobre esta afirmación. Veamos.

Primero. Hay, en efecto, muchas disciplinas donde la formación en el extranjero es necesaria para reducir las asimetrías entre el desarrollo que existe, especialmente en las ciencias y las tecnologías, en México que lo que sucede en los países avanzados. Nadie podría decir que no es así. Lo que ha pasado en el Conahcyt, en realidad, es un replanteamiento de qué áreas deben priorizarse para estudiar en el extranjero y qué otras se pueden llevar a cabo en el país. En el primer caso, la política pública del Conahcyt ha descansado en lo que se denominan los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces), como criterio orientativo no como una camisa de fuerza, por supuesto. ¿Son los Pronaces la mejor solución y la única vía posible para atender los grandes problemas nacionales? No necesariamente. En la definición de prioridades juega un papel de importancia capital el modelo de país que se ha concebido por las autoridades de Conahcyt, en donde han ponderado que el interés social debe estar por encima del interés personal, para efectos de que el erario o presupuesto público destine recursos económicos. Sin duda admito que otra opción política distinta a la gobernante tendrá otros argumentos en favor de potenciar la individualidad sobre lo colectivo, como también sucede en otros países.

Ciudad de México (Proceso).– Los cuestionamientos presidenciales a la existencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a propósito de los nombramientos faltantes de integrantes de su pleno, ha generado un debate en el que se aprecian datos incorrectos sobre el objetivo de este órgano garante. Veamos.

Primero. El derecho de acceso a la información previsto en el artículo 6º constitucional tiene dos dimensiones, la primera entendida como derecho a saber sobre el quehacer de la gestión pública para efectos de escrutinio y como coadyuvante para la rendición de cuenta de los gobernantes. Y la segunda, igual o incluso de mayor calado, es que la información es un derecho transversal que habilita a las personas para ejercer todos los otros derechos fundamentales. Sin información es muy complejo ejercer el derecho al trabajo, a la educación, a la salud y todos los demás.

Ciudad de México (Proceso).– En días pasados el Canal Once transmitió un segmento titulado “Mujer, casos de la piña real” (https://acortar.link/IQoy5i) en el que se presenta una sátira de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña. Se trata una iniciativa televisiva que no tiene precedente en el país, tratándose de un medio que vive del erario. Reclama por ello mismo un análisis sobre si se trata o no de un contenido amparado en la ética y en el derecho o no. Veamos.

Primero. Vayamos por el principio. Si bien es verdad que la sátira, como punto de partida, se trata de un discurso protegido por la Constitución, sobre el cual, además, la SCJN se ha pronunciado por cuanto ha reconocido que los derechos de la personalidad de los servidores públicos tienen menor protección en relación a los de un particular, siempre y cuando se trate de temas de interés público, también lo es que quien ocupe o haya ocupado un cargo público no debe carecer del respeto a sus derechos al honor, a la vida privada y a la propia imagen.

Ciudad de México (Proceso).– En días pasados el Senado de la República aprobó la abrogación de la Ley de Imprenta de 1917, después de que tiempo atrás había hecho lo propio la Cámara de Diputados. Queda sólo que el presidente de la República promulgue y publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) esta decisión legislativa para perfeccionar la expulsión de esta normativa del sistema legal mexicano. Esta decisión es, sin duda, importante por varias razones. Veamos.

Primero. La Ley sobre Delitos de Imprenta, cuya más reciente reforma fue hecha el 20 de mayo de 2021, representaba por sí misma una conspicua figura normativa que daba vida a lo que desde hace mucho tiempo se ha objetado y ha ido desapareciendo: los delitos de prensa; es decir, aquellas infracciones privativas de la libertad aplicables, de manera adicional a las previstas en los códigos penales, sólo a los periodistas y a los medios de comunicación. Esta singularidad es contraria a derecho porque: a) Discrimina a los periodistas y medios de comunicación, especialmente a quienes laboran en medios que no dependen de una concesión del Estado donde pudiera haber alguna responsabilidad adicional. Con lo anterior se viola el derecho a la igualdad previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; b) Es contraria a la igualdad ante la ley al ser una ley privativa (destinada a los periodistas y a los medios no a cualquier persona) lo que se encuentra expresamente prohibido por el artículo 13 constitucional; c) Fomenta la censura previa y/o la autocensura, lo que lastima el derecho a la información y las libertades de expresión e información tuteladas por el artículo 6º de la Constitución.

Ciudad de México (Proceso).– En los tiempos de la posverdad (donde se mezclan datos ciertos con falsos para desinformar) que hoy gozan de cabal salud, mantener el rigor informativo a la luz de los principios éticos generalmente aceptados se vuelve todo un reto. En este contexto, Proceso se ha visto envuelto en parte de la discusión pública y, por ello, se difunden verdades a medias y mentiras completas que merecen ser esclarecidas.

Veamos.

Ciudad de México (Proceso).– No existen, en principio, derechos absolutos, acaso el de la vida, en casi todas las sociedades democráticas. El ejercicio de la libertad de expresión, por su parte, si bien es verdad que cuenta con un amplio universo de actuación, también lo es que tiene límites o fronteras. Identificar los alcances legítimos de esa libertad hoy en día es importante cuando se busca introducir la noción de los daños punitivos como una sanción especial en casos en que se vulneran distintos derechos mediante la palabra. Veamos.

Primero. En distintas oportunidades he señalado que la libertad de expresión en sentido amplio o la libertad de expresión en sentido estricto (cuando se refiere a la libertad de emitir juicios, ideas u opiniones sobre cualquier materia) y la libertad de información (que se materializa al emitir hechos que se presumen noticiosos o de interés público) no son absolutos en ninguna Constitución del mundo ni en los tratados o convenios internacionales. El límite de las libertades de expresión e información reside en la protección de otros derechos, generalmente los de la personalidad (vida privada, honor y propia imagen) o bienes jurídicamente protegidos como el orden y la paz pública.

Ciudad de México (Apro).– La prensa mexicana (e incluyo radio, tv y medios digitales) ha estado habitualmente en el centro de la discusión sobre su credibilidad y su rigor deontológico para generar informaciones y opiniones de interés público.

No es, por supuesto, un asunto que sólo atañe a México. En efecto, la más reciente encuesta denominada World Values Survey Wave 7 (2017-2022) –cuyo mérito es que se trata de un trabajo académico, no comercial–, sostiene que sólo el 6.7% de los encuestados en México confía plenamente en los medios mientras el 36% no cree absolutamente en ellos. En Estados Unidos solamente el 5.3% tiene plena confianza en la prensa y el 23.8% no cree nada en ellos. En Canadá la tendencia es similar: 5.1% deposita su confianza total en los contenidos mediáticos y el 16% piensa exactamente lo contrario.

Ciudad de México (Proceso).– El actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se creó en enero de 1937 como Tribunal Fiscal de la Federación y de esa fecha al día de hoy tanto su naturaleza jurídica –pasó de depender del Poder Ejecutivo a ser actualmente un organismo autónomo constitucional– como sus atribuciones, de atender únicamente asuntos de orden fiscal a tener competencia para dirimir las controversias entre la Administración Pública Federal y los particulares.

Hay en proceso una reforma a la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional que resulta preocupante. Veamos.

Ciudad de México (Proceso).– El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana en las más recientes décadas habían venido jugando un papel de subsidiaridad de las autoridades civiles en emergencias por desastres naturales, en las campañas de vacunación y en otras actividades de naturaleza social, circunstancia que permeó en el ánimo colectivo y, por esa razón, hacerse de una importante confianza en la opinión pública.

Las cosas, ahora, empero han ido cambiando. Veamos.

El papel de los medios en un régimen democrático reside, por definición, en informar de manera veraz y formar opinión pública a la luz de las más distintas visiones políticas e ideológicas que dan vida al pluralismo.

En México el cambio de régimen no ha traído las mejores noticias para la prensa y el impacto del covid-19 tampoco conmovió al poder público en su relación con los medios, como sí ha sucedido en países de democracias consolidades o en vías de serlo.