CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La Cuarta Transformación, según el presidente López Obrador, es un nuevo régimen cuyas prioridades son el combate a la corrupción y a la desigualdad. Yo creo que no se trata en rigor de un cambio de régimen –no hay un arreglo constitucional para transitar del presidencialismo al parlamentarismo o, por ahora, del federalismo al centralismo– sino de un cambio en el estilo personal de gobernar. Voluntarista y autocrático, proclive a supeditar las políticas públicas a la resolución casuística de problemas, AMLO no alude en la vertiente ética de la 4T al Sistema Nacional Anticorrupción, al que ve como un elefante blanco, ni a su deber de llevar a la justicia a su predecesor por el saqueo a México, lo cual evade; sólo habla de su voluntad de no solapar corruptelas en su mandato. Y en la faceta igualadora incorpora una serie de programas sociales, esos sí consagrados ya en la Constitución.
En acciones de gobierno, la 4T es también su política energética y sus ambiciosos proyectos de obra pública. En el primer caso están los esfuerzos por capitalizar a Pemex, incrementar su capacidad de refinación y volverla a hacer palanca de desarrollo, así como el fortalecimiento de la CFE. El segundo incluye la refinería de Dos Bocas –parte de la agenda petrolera–, el tren maya, el aeropuerto de Santa Lucía y el corredor transístmico. Pues bien: a juicio mío, estamos ante el prematuro ocaso de la 4T. No me refiero a los subsidios para los pobres ni al combate a la corrupción –que no requiere más que el capital político de AMLO y que, al contrario, debería ampliarse para resarcir el daño hecho por corruptos de sexenios anteriores– sino a la centralidad de Pemex y a las obras de infraestructura, que serán incosteables dada la inminente recesión o depresión económica.
