CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el pasado domingo 9 que un juez federal libró siete órdenes de aprehensión contra exservidores públicos vinculados con el operativo Rápido y Furioso, que introdujo a México más de 2 mil armas de fuego provenientes de Estados Unidos, incluyendo fusiles Barrett calibre .50 milímetros –de uso militar–, con el argumento de que servirían para indagar el tráfico ilegal de armamento entre ambos países.

Sin embargo, la FGR mantiene en su nómina a un funcionario que entre 2006 y 2009 formó parte del fallido entramado para rastrear las armas vendidas a grupos delictivos mexicanos. Se trata de José Ricardo Cabrera Gutiérrez, quien actualmente se desempeña como fiscal asistente de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales (SEDF).

WASHINGTON (Proceso).- Entre el periodo del tercer al último año del sexenio de Enrique Peña Nieto y del primero al segundo de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Estados Unidos registró y confirmó el origen de venta y de manufacturación de 2 millones 475 mil armas recuperadas en escenarios de crímenes en México.

“El resultado del rastreo de armas de fuego se sustenta en la identificación de los proveedores a petición de México”, indica un documento del gobierno de Estados Unidos obtenido por Proceso.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La demanda civil que la cancillería mexicana interpuso en agosto contra ocho fabricantes estadunidenses de armas entrará a una fase crítica el próximo 31 de enero, cuando un juez determinará si el proceso continuará en Boston, donde se inició, o es trasladado a Texas o Arizona, como pretenden los abogados defensores.

En su afán de acabar con el clima de violencia que impera en el país, el gobierno de México inició el proceso civil para corresponsabilizar –ante un tribunal estadunidense– a ocho fabricantes de arsenales que han empoderado al narcotráfico y al crimen organizado.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Cuando se levante Mitikah Ciudad Viva, Moisés y André El-Mann Arazi, quienes encabezan el fideicomiso inmobiliario Fibra Uno (Funo), le habrán puesto “la joya de la corona” a su diverso y gran portafolio de inversiones inmobiliarias, que van desde naves industriales y centros comerciales hasta oficinas y proyectos de usos mixtos. 

Se trata del desarrollo más grande de América Latina, con un Área Bruta Rentable (GLA, en inglés) aproximada de 337 mil 410 metros cuadrados, que se sumarán a los 8 millones 730 mil metros que Funo cuenta al cierre del primer semestre de 2019.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).– La Ciudad de México tendrá el desarrollo inmobiliario más grande de América Latina. El plan fue concebido cuando Marcelo Ebrard era el jefe de Gobierno de la capital del país. Desde entonces, las autoridades se pusieron al servicio de los desarrolladores urbanos. Fuera de los problemas para financiarlo, no ha existido escollo administrativo, histórico o judicial que no le hayan resuelto.

La idea se echó a andar con una transacción millonaria. En marzo de 2008 Bancomer –ahora BBVA– vendió dos predios del barrio de Xoco al banco HSBC en 218 millones 138 mil 200 dólares (4 mil 157 millones 714 mil pesos al tipo de cambio actual).

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).– Los vecinos del barrio de Xoco ignoran contra quiénes se enfrentan desde hace una década. Sólo saben que un gigante se está asentando en lo que fue un pequeño pueblo originario, en el sur de la Ciudad de México.

En 2009, cuando decenas de camiones pesados empezaron a circular por las estrechas calles de la colonia, los habitantes del lugar iniciaron una pelea para la que no estaban preparados. Nadie les dijo que eso era el comienzo del desarrollo inmobiliario más grande de América Latina.

NUEVA YORK (proceso).– Con el respaldo unánime de los países de América Latina y el Caribe, México presentó en junio pasado su candidatura para convertirse en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el bienio 2021-2022.

Algunos expertos consideran que ahí México correrá el riesgo de ser humillado diplomática y políticamente por el gobierno de Estados Unidos, que encontrará en la participación de su vecino en el máximo foro de la diplomacia internacional una oportunidad más para amagar y chantajear a los mexicanos.

WASHINGTON (proceso).– Durante su gestión en Los Pinos, y escudándose en acuerdos firmados con Estados Unidos en el marco de la Iniciativa Mérida, aun por encima de las restricciones constitucionales y soberanas del país, Felipe Calderón otorgó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) licencia para operar libremente en México.

Documentos clasificados de México que pudo consultar Proceso revelan cómo durante el sexenio del panista el gobierno de los Estados Unidos desplegó a sus espías en territorio mexicano para “participar” en la guerra contra el narcotráfico, que resultó un fracaso.