CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-  Es difícil no tomar postura sobre las singulares declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Carmen Aristegui y su quehacer periodístico, que son inéditas y reclaman un análisis puntual.

Veamos.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Inéditas, muy graves, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola. El periodista no es (nunca ha sido) santo de mi devoción. Creo que incurre en persistentes faltas éticas y en una clara intencionalidad política que no se compadece con el interés público. De ahí la inquina, el odio incluso, del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el comunicador. Lo anterior no justifica, empero de ninguna manera, que el presidente y su gobierno indaguen sus ingresos y los hagan públicos. De esta forma se lastima el deber de confidencialidad de la autoridad que debe observar por mandato legal. La regla en materia de derecho a la información opera de la siguiente forma: El Estado, las instituciones y los servidores públicos deben ser los más transparentes posible, pero, por el contrario, los particulares – así sean personas de trascendencia pública- pueden ser los más opacos. Son los segundos los que ejercen escrutinio sobre los segundos no al contrario en una sociedad democrática. Es el mandato de la legislación vigente. De entrada, se ha violado flagrantemente en perjuicio de Loret de Mola lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (entre ellos empresas, bancos, casa de bolsa, etcétera) que a la letra dice: “Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas por la presente Ley.

El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición. Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su titular, salvo las excepciones a que se refieren los artículos 10 y 37 de la presente Ley.” Las excepciones previstas en el artículo 10 se refieren al consentimiento expreso de la persona titular de la información y el relativo al artículo 37 trata sobre la transferencia internacionales de datos personales en el marco de la ley. No ha ocurrido ninguno de los dos supuestos en agravio de Loret de Mola. Hay una excepción más prevista en el artículo 4 de la citada Ley que textualmente dispone: “Los principios y derechos previstos en esta Ley, tendrán como límite en cuanto a su observancia y ejercicio, la protección de la seguridad nacional, el orden, la seguridad y la salud públicos, así como los derechos de terceros”.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una parte de la comunidad académica del Centro de Investigación y Docencia Académicas (CIDE) mantiene una campaña contra lo que califica una afectación a la libertad de investigación y a la autonomía de esa institución por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Se han difundido muchos mensajes contradictorios que, en suma, vulneran el derecho a la información, de ahí que sea oportuno y pertinente aclarar las cosas.

Primero. El fondo del problema reside en un tema de concepción sobre cómo y para qué se investiga, no sobre las temáticas susceptibles de investigación, donde queda a salvo la libertad de investigación. El asunto es de pesos y centavos. Para el Conacyt y la 4T la investigación que se lleva a cabo en los centros académicos que viven con cargo al erario debe tener una finalidad de interés público; es decir, no debe estar sujeta al encargo pecuniario donde concurran el sueldo del investigador, los incentivos internos, el reconocimiento económico del SNI del Conacyt, los apoyos de esta misma institución a proyectos de investigación sumados a los pagos de otras fuentes de ingresos derivadas del propio erario (ya sea municipal, estatal, federal o de organismos autónomos) cuyos montos sustantivos van dirigidos a los participantes del proyecto pagando un overhead o gastos, destinados en este caso al CIDE por concepto de uso del logo y de sus instalaciones. Por el contrario, esta modalidad de investigación se ha internalizado en los investigadores y estudiantes participantes de proyectos de investigación aplicada. Las movilizaciones estudiantiles más acabadas como las de la UNAM en el pasado reciente han estado relacionadas con asuntos de interés público, principalmente la defensa de la gratuidad de la educación y, por ello mismo, la igualdad de oportunidades. Esto ahora no tiene mayor interés para los activistas del CIDE, toda vez que la gratuidad anunciada por el Conacyt para este 2022 no tuvo el menor impacto en el ánimo estudiantil más preocupado y ocupado en los proyectos con una derrama económica más allá de las becas institucionales.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hasta hace poco se veía que Aguascalientes sería un día de campo para el PAN. Hoy las cosas son distintas. Todo indica que la elección a la gubernatura de Aguascalientes será de pronóstico reservado por tres razones: primero, porque la abanderada del PAN, Teresa Jiménez, ha generado división en la estructura del PAN por sus agudas diferencias con el gobernador actual, Martín Orozco Sandoval, quien goza de mayores espacios de decisión en la entidad que Marko Cortés, el dirigente nacional del PAN, quien mantiene un diferendo creciente con el gobernante actual, lo que permite afirmar que la unidad de ese partido no existe en Aguascalientes. Proceso ha dado cuenta puntual de esta circunstancia (https://acortar.link/fci7Jb).

En el mismo sentido, la candidata panista Jiménez ha sido denunciada por diversos actos de corrupción a su paso por la alcaldía de la capital del mismo nombre del estado, incluso por la senadora de su propio partido Martha Márquez, lo que pone de relieve las graves diferencias intra partidistas (ver https://acortar.link/XW48IJ así como https://acortar.link/eE4qz6); segundo, el senador Antonio Martín del Campo, favorito del gobernador Orozco Sandoval, no ha aceptado – como se quiso hacer creer por el CEN del PAN- sumarse de manera estoica a la campaña de su correligionaria Jiménez y los trascendidos sobre su eventual postulación por otro partido circulan profusamente; y tercero, la precandidata única de MORENA, Nora Ruvalcaba, cercana al presidente López Obrador, juega de nueva cuenta como la alternativa del partido oficial para gobernar por vez primera este estado que ha sido gobernado por el PAN y- en menor medida- por el PRI. Para MORENA, Aguascalientes es la joya de la corona en este proceso electoral del 2022 porque, de entrada, se ha visto como el mayor reto político para el obradorismo y la única opción segura para el PAN (Cortés dixit) … si se hubieran logrado los acuerdos y consensos básicos que, al final, no se concretaron en esa formación política.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intensificado sus críticas a Proceso en virtud de dos piezas que difundió en sus páginas. Ya lo había hecho antes por semejantes razones. Las afirmaciones del presidente paradójicamente honran a este semanario y le brindan una suerte de certificado de garantía: con sus proclamas, el presidente da público testimonio de que desde Proceso se hace periodismo al amparo de la Constitución y las leyes y que se observan los principales estándares democráticos internacionales. Y no es para menos. Un medio de comunicación, por el contrario, que fuere objeto de palabras presidenciales de encomio haría al menos dudar de sus contenidos.

Lo que afirma AMLO sobre Proceso y otros medios es desafortunado, pero, por lo menos hasta ahora, no es constitutivo de delito o de ilícito alguno. Siempre, pero ahora en un clima de crispación todavía más, el periodismo juega un papel significativo en la medida en que, con el ejercicio profesional de las libertades de expresión e información, debe satisfacer un bien superior, el derecho a la información de la sociedad. Que no exista una ley (y qué bueno que no la haya, dicho sea de paso) para los medios escritos y digitales, no significa que no deban observarse procesos estandarizados de cómo se fabrican las noticias y de qué manera se jerarquizan. Y esas reglas aplican también para las secciones de análisis en las que, si bien es verdad hay mayores márgenes de libertad, también lo es que no existe ni aquí ni en ningún lugar del mundo una libertad absoluta. No hay que ir muy lejos para saber dónde se encuentran a detalle esas reglas del periodismo que deben ser atendibles. Baste con leer, a vía de ejemplo, el Código Europeo de Deontología del Periodismo (https://acortar.link/NDpEwv) y una lectura más a fondo se puede encontrar en mi obra Deontología informativa: códigos deontológicos de la prensa en el mundo (México, Miguel Ángel Porrúa, 2002).

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Recientemente la Secretaría del Trabajo reconoció la vida jurídica del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracatedras) que ahora pone sobre la pared al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al establecer como fecha de estallamiento a huelga el fin de este mes.

El derecho de asociarse en un sindicato es una prerrogativa prevista en el artículo 123 de la Constitución Federal en aras de promover la defensa de sus derechos. El problema empieza cuando no se busca sólo tener las prerrogativas que prevalecen en el mercado laboral del sector público federal en materia de educación e investigación, sino crear condiciones sustancialmente mayores que las existentes en los centros públicos de investigación y en las universidades públicas. Ello en sí mismo representa un desafío mayor. Veamos.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En días pasados los dirigentes del PRI, PAN y PRD fueron a Washington a entregar a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) supuestas evidencias sobre la intervención de las organizaciones del narcotráfico y del crimen organizado en general en las elecciones federales del pasado 6 de junio.

El dato ha tenido un impacto efectista. Se trata de una puesta en escena de una estrategia de carácter mediático para buscar influir en las percepciones de la sociedad. Lo cierto, empero, es que esa iniciativa de las oposiciones no tendrá ninguna consecuencia jurídica. Y los denunciantes lo sabían y así, a sabiendas de ello, decidieron proseguir sin que los detuviera el derecho a la información y el más mínimo respeto por los electores. Existen, por supuesto, elementos que sustentan mi aserto anterior. Veamos.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La nueva sección semanal de la conferencia matutina del Presidente Manuel Andrés López Obrador denominada “Quién es quién en las mentiras” nace al amparo de una narrativa que, se argumenta desde el poder, tiene como propósito identificar y señalar el error de medios y periodistas, de tal suerte que se traduzca en acto el derecho a la información. Veo claroscuros en este novedoso ejercicio.

Primero. Es, por el sólo hecho de existir, discutible si la presidencia de la República es el espacio idóneo para evaluar los mensajes mediáticos afectados por mentiras de medios y periodistas. En otros países esa labor la llevan a cabo las veedurías u observatorios de medios donde concurren expertos en las distintas áreas del análisis del discurso, a la luz de una metodología razonable, estandarizada y transparente. Esta iniciativa mexicana, por el contrario, nace bajo el esquema de estímulo-respuesta, que se construye sobre la marcha, a contracorriente de las prácticas en otros países donde tienen lugar trabajos similares

CIUDAD DE México (apro).- El pasado miércoles 30 el presidente Andrés Manuel López Obrador inició una sección –por llamarla de alguna forma– en su conferencia matutina donde semanalmente se informará lo que a juicio del gobierno es mentira en los medios de comunicación.

Esta nueva forma de comunicación representa un peldaño más en el permanente desencuentro entre lo que se informa desde el poder y cómo se procesa en los medios de comunicación. No me ocuparé en esta entrega de los aspectos metajurídicos de esta figura, sino en las consecuencias normativas de este ejercicio inédito. Veamos.